La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso hoy los pilares de la reforma electoral conocida como “Plan B”, una propuesta diseñada para erradicar privilegios excesivos y fomentar una mayor participación ciudadana en el sistema democrático de México. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó el compromiso de su administración con la austeridad republicana en todos los niveles del gobierno.
Entre las medidas clave de esta iniciativa se encuentran la imposición de límites estrictos a los recursos asignados a los congresos locales y la regulación del número de regidores en los cabildos municipales, estableciendo un máximo de 15 por demarcación, independientemente del tamaño de la población. Esto busca optimizar el gasto público y evitar excesos en la conformación de los gobiernos locales.
Asimismo, el Plan B propone topes salariales para consejeros y magistrados electorales, tanto a nivel federal como local, asegurando que ningún funcionario perciba una remuneración superior a la de la Presidencia de la República. Se proyecta también una reducción del 15 por ciento en el presupuesto del Senado, liberando recursos que podrán ser reasignados a otras prioridades.
La reforma plantea que la elección del Poder Judicial se realice en 2027 y modifica la fecha para la consulta de revocación de mandato, permitiendo que se lleve a cabo el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, en lugar del cuarto. Estas adecuaciones buscan agilizar y hacer más eficiente el calendario electoral, facilitando la participación directa de la ciudadanía.
Un eje central del Plan B es la transparencia en el manejo de los fondos partidistas. La propuesta exige que todos los recursos recibidos por los partidos políticos sean fiscalizados rigurosamente. En casos necesarios, se podrá solicitar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar el origen de los recursos y prevenir desvíos o el uso de fondos ilícitos.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respaldó la iniciativa presidencial, enfatizando que su propósito es reducir costos y adherirse al principio de austeridad. “Se trata de tener menos privilegios y más participación ciudadana”, afirmó Rodríguez, destacando que los salarios de altos funcionarios deben ser dignos, pero no desmedidos.
Los ahorros generados por estas reformas, añadió la secretaria, deben ser canalizados hacia la infraestructura social y las necesidades de los municipios, respondiendo así a las demandas de la ciudadanía por un gobierno más eficiente y cercano. La iniciativa prevé modificaciones a siete artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y cinco de la Ley General de Partidos Políticos.
