La Cámara de Diputados de México ha dado luz verde en lo general a la reforma del artículo 127 constitucional, que busca poner fin a las conocidas como “pensiones doradas”. Esta iniciativa tiene como objetivo principal evitar que exservidores públicos de confianza en empresas estatales y bancos de desarrollo reciban jubilaciones superiores a 70 mil pesos mensuales.
Durante el desarrollo de la sesión en el pleno de San Lázaro, un grupo de jubilados de entidades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) intentó ingresar por la fuerza al recinto. Los manifestantes, que protestaban contra la aprobación de la reforma, lograron franquear un primer filtro de seguridad, quemando mobiliario de oficina antes de su retirada.
A pesar de que la propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue avalada en lo general por 458 votos a favor de todos los grupos parlamentarios, varios legisladores de la mayoría y la oposición anunciaron que presentarían reservas específicas al proyecto. Sus principales preocupaciones giran en torno a la posible aplicación retroactiva de la ley y cómo podría afectar los derechos adquiridos de otros jubilados que no perciben montos excesivos.
Voces como las de los morenistas Haydid Arreola y Manuel Vázquez Arellano defendieron la reforma, argumentando que busca corregir la desigualdad y la injusticia en el sistema de pensiones. Subrayaron que la medida no va en contra de la totalidad de los trabajadores pensionados, sino de una minoría que accedió a “pensiones doradas” mediante acuerdos, compadrazgos o favores políticos, que si bien eran legales, no eran morales.
En la misma línea, la diputada Irma Garay del Partido del Trabajo (PT) indicó que la persistencia de esquemas pensionarios desproporcionados “representa una carga para las finanzas públicas y una herida latente en la confianza de toda nuestra gente”. Afirmó que la reforma no elimina derechos laborales legítimos, sino que corrige privilegios que generaban desigualdad, promoviendo así la responsabilidad en el gasto público.
Ruth Marisela Silva del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) también enfatizó que la enmienda no atenta contra quienes construyeron su retiro con años de esfuerzo, sino contra los “privilegios ofensivos de una minoría”. Reveló datos impactantes, señalando que existen casi 100 mil jubilados de empresas estatales y banca de desarrollo, con algunos recibiendo pensiones superiores al millón de pesos mensuales, lo cual consideró una “bofetada al pueblo”.
En contraste, legisladores de la oposición, como Alejandro Domínguez del PRI, criticaron la reforma como un intento deliberado de vulnerar derechos adquiridos, calificándola de “populista, regresiva e irresponsable”. Alertó sobre el peligroso precedente de la retroactividad de la ley y cuestionó la exclusión de las pensiones de exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esta medida.
Laura Hernández de Movimiento Ciudadano (MC) también señaló la omisión de las pensiones de los integrantes de las fuerzas armadas sin una justificación clara. Anunció que su grupo parlamentario presentará reservas al artículo segundo transitorio para asegurar que las disposiciones de la enmienda no se apliquen de manera retroactiva a los pensionados con derechos ya vigentes.
Incluso dentro del bloque de mayoría, la petista Lilia Aguilar expresó inquietudes legítimas de trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, CFE y Pemex, quienes temen ser afectados a pesar de que sus pensiones son legales. Comprometiéndose a defender sus derechos, subrayó la intención de presentar reservas para exceptuar casos específicos donde sea necesario proteger las pensiones existentes.
