El gobierno federal de México ha iniciado un proceso de ajuste en el gasto público para poder sostener el esquema de subsidios a las gasolinas y el diésel, una medida estratégica para mitigar el incremento de precios derivado de la volatilidad del petróleo por el conflicto en Medio Oriente. Expertos económicos señalan que esta reasignación presupuestaria podría provenir principalmente del gasto corriente y de la inversión física.
Analistas consultados coinciden en que existe margen para implementar recortes en áreas como sueldos y otros rubros, sin comprometer la continuidad de los programas sociales o la operatividad del sector público. A diferencia de sexenios anteriores, donde se agotaron fondos de estabilización, actualmente se cuenta con un “colchón” de 127 mil millones de pesos, lo que ofrece cierta flexibilidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha enfatizado la revisión constante de ingresos y egresos para el cierre de 2026, con el fin de identificar áreas donde se puedan aplicar los recortes necesarios. El subsidio a los combustibles representa un costo semanal aproximado de 5 mil millones de pesos, una cifra comparable al gasto mensual de secretarías clave como la de Salud o Seguridad y Protección Ciudadana.
En los Precriterios Generales de Política Económica de 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya había anticipado un ajuste, proyectando una reducción del gasto neto presupuestario en 100 mil millones de pesos por debajo de lo aprobado por la Cámara de Diputados para este año. Esta disminución afectaría tanto el gasto programable como el no programable.
Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, afirma que el gobierno posee la capacidad de realizar estos ajustes sin impactar programas sociales, haciendo el gasto más eficiente. No obstante, lamenta que frecuentemente se sacrifiquen recursos destinados a infraestructura, un área crucial para el desarrollo.
Por su parte, Gabriel Pérez del Peral, profesor de la Universidad Panamericana, sugiere que los recortes podrían aplicarse en el capítulo 1000 del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026, que concierne a sueldos y salarios. Según datos de la SHCP, este rubro del gasto corriente federal ha experimentado un aumento del 10.6% en el primer bimestre del año, con un ascenso del 14.8% en servicios personales.
El académico subraya que el gasto corriente está “comiéndose” al gasto de inversión física directa, que ha registrado una caída del 48.7%. Esta situación, en un contexto de economía estancada, falta de ingresos sostenibles y tensiones geopolíticas, revela un deterioro significativo en las finanzas públicas, con un déficit fiscal que ha aumentado considerablemente.
La presidenta Sheinbaum ha reafirmado que esta política de subsidios se mantendrá sin una fecha de término definida, asegurando que los recursos provendrán de presupuestos ya aprobados, sin afectar las becas escolares ni los programas de bienestar. Gran parte del subsidio se compensa con los impuestos que Petróleos Mexicanos (Pemex) paga al erario por la exportación de crudo, aprovechando el aumento de los precios internacionales.
De no existir este apoyo, el precio de la gasolina Magna podría superar los 30 pesos por litro, y el diésel alcanzaría los 32 o 33 pesos. Se ha establecido un acuerdo con los gasolineros para que la gasolina Magna no exceda los 24 pesos y el diésel los 28 pesos, con planes para futuras reuniones que busquen incluso reducir más el precio del diésel, dada su incidencia en los costos de las mercancías.
