La presidenta Claudia Sheinbaum ha generado un notable debate al convocar a rectores, científicos y académicos a Palacio Nacional. Este movimiento busca respaldar una decisión energética sumamente controvertida: el viraje hacia la fracturación hidráulica, conocida como fracking, una práctica que rompe con previas promesas electorales y la postura de la administración anterior. La estrategia parece emular una táctica previa, transfiriendo la responsabilidad de la decisión a un comité de expertos.
Este comité técnico, integrado por miembros de instituciones como la UNAM, UAM e IPN, dispone de apenas dos meses para evaluar la viabilidad del fracking en el país. Fuentes cercanas a la presidencia indican que voces críticas fueron excluidas en el último momento, levantando sospechas sobre la neutralidad del ejercicio. La premura en la decisión contrasta con la magnitud de abrir la puerta a una técnica históricamente asociada a la devastación ambiental.
La composición y el objetivo del grupo han sido objeto de escrutinio. Mientras algunos académicos ven positivamente la participación de rectores de universidades importantes, otros lo interpretan como una simulación o un “lavado de cara” para una decisión ya tomada. Geólogos e investigadores han expresado dudas sobre la presencia de expertos críticos en fracking dentro del comité.
🔴 LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM DESCARTA FRACKING Y APUESTA POR TECNOLOGÍAS LIMPIAS
No al fracking tradicional: alto consumo de agua y químicos contaminantes. Sí a nuevas tecnologías con componentes biodegradables, reciclaje total del agua (incluso no potable) y mínimo… pic.twitter.com/0dwRcSoGdk
— Hans Salazar 🇲🇽🇵🇸🇨🇺🇻🇪 (@Hans2412) April 9, 2026
Durante su campaña, Sheinbaum se había manifestado categóricamente en contra del fracking, una postura que se alineaba con su perfil de científica ambiental. Sin embargo, una vez en el poder, su narrativa ha evolucionado, argumentando que existen “nuevas tecnologías menos dañinas” y que el debate debe basarse en evidencia científica. Esta modificación ha generado sorpresa y críticas entre diversos sectores.
Expertos en impacto ambiental han rebatido la noción de un “fracking verde” o el uso de biocidas biodegradables. Señalan que, aunque algunas sustancias químicas puedan tener una toxicidad aguda menor, no hay evidencia concluyente sobre sus efectos a largo plazo ni una total biodegradación. Incluso dentro del comité, se reconoce que, por el momento, no existen prácticas de fracturación hidráulica completamente amigables con el medio ambiente, aunque la investigación en el área continúa.
La administración actual ha optado por envolver su decisión en un lenguaje técnico y académico, presentando este comité como un escudo frente al costo político de reconsiderar la postura sobre el fracking. La presidenta ha enfatizado que no es una “decisión personal”, sino una basada en el análisis científico, lo que ha incrementado las interrogantes sobre la verdadera independencia del dictamen.
Organizaciones ambientalistas como la Alianza Mexicana contra el Fracking y Greenpeace han reiterado su oposición, insistiendo en que no existe un fracking “sustentable”. Alertan sobre los riesgos inherentes de esta técnica, que incluyen la contaminación del agua, las emisiones de metano y el impacto negativo en las comunidades locales. Los cuestionamientos sobre el costo-beneficio ambiental y social permanecen sin respuesta clara.
Investigadores críticos sugieren que el fracking ya es un componente central de la nueva estrategia energética mexicana, impulsada en parte por presiones geopolíticas de Estados Unidos. La búsqueda de reducir la dependencia del gas importado y las diferencias en precios internacionales parecen estar configurando un cambio de rumbo con profundas implicaciones para el futuro energético y ambiental del país.
