César Jáuregui, el fiscal general de Chihuahua, ha anunciado su renuncia al cargo tras la creciente polémica generada por la presencia y colaboración de dos agentes de la CIA en un operativo estatal para desmantelar un laboratorio de narcóticos. La dimisión se produce después de que una comisión investigadora de la gobernadora Maru Campos presentara los primeros hallazgos, revelando inconsistencias y una falta de conocimiento por parte del Gobierno federal sobre la participación de los funcionarios extranjeros.
El escándalo surgió a raíz de un fatal accidente automovilístico ocurrido el domingo 19 de abril, en el que un convoy oficial se despeñó por un barranco. Fue en ese momento cuando se destapó la presencia de los agentes estadounidenses en territorio chihuahuense, cuya implicación en la operación no había sido previamente informada a las autoridades federales, levantando serias preguntas sobre la soberanía y los protocolos de colaboración internacional.
La fiscal Wendy Paola Chávez, quien encabezó las indagatorias internas, detalló que los funcionarios de Estados Unidos no formaban parte de un despliegue operativo formal y su inclusión en el convoy no fue reportada a los mandos superiores. Su interacción se limitó al director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y a su círculo de seguridad personal, quienes lamentablemente también fallecieron en el trágico suceso.
Las averiguaciones preliminares, basadas en entrevistas y peritajes, indicaron que los agentes de la CIA no participaron en reuniones de planeación ni ejecución del operativo en Guachochi, ni tuvieron contacto con mandos militares. Sin embargo, su presencia desde el inicio del convoy que partió de la ciudad de Chihuahua implicó omisiones significativas en la gestión institucional y la comunicación.
El Gobierno federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, había expresado su desconocimiento sobre la situación, reiterando la postura de México de no permitir la presencia de elementos militares o de inteligencia extranjeros en operativos de seguridad, salvo bajo estrictos acuerdos. Esta posición ha sido una constante frente a las insistentes propuestas de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de “ayudar” con tropas en la lucha contra el crimen organizado.
La presión política no solo se centró en el Gobierno estatal, con Morena forzando una “invitación respetuosa” a la gobernadora Maru Campos para comparecer en el Senado, sino que también generó tensión diplomática, con Sheinbaum exigiendo explicaciones a Estados Unidos. La situación ha puesto en entredicho la confianza pública y ha eclipsado el logro inicial del desmantelamiento del narcolaboratorio, como reconoció el propio Jáuregui al anunciar su dimisión.
