La presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente un logro significativo en la política económica del país: un acuerdo con el sector gasolinero para estabilizar el precio del diésel. Este pacto busca asegurar que el combustible esencial para el transporte de carga se mantenga en 27 pesos por litro, una medida estratégica para blindar la economía familiar y productiva ante la volatilidad global.
Este compromiso es particularmente relevante en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, como el conflicto que amenaza con el cierre del Estrecho de Ormuz. Sin esta intervención y el consenso alcanzado, los especialistas estimaban que el costo del diésel podría haberse disparado hasta los 35 pesos por litro, un incremento que habría tenido repercusiones directas en la cadena de suministro y, consecuentemente, en los precios de bienes básicos.
Sheinbaum enfatizó que la duración de este acuerdo tiene un carácter temporal. Su vigencia está directamente ligada a la resolución del escenario conflictivo en la zona del Estrecho de Ormuz, lo que subraya la naturaleza preventiva y adaptable de la estrategia gubernamental frente a coyunturas externas.
Dice Claudia Sheinbaum que el encarecimiento de los combustibles es por la guerra en Irán…
¿Y el IEPS no cuenta?
También presume que acordó “voluntariamente” con gasolineros que el diésel no pase de $27.
¿Voluntario, Presidente?
Hace una semana la PROFECO prácticamente… pic.twitter.com/9kMVCT82IH
— Arturo Villegas (@ArturoVill7) April 29, 2026
Para hacer posible la reducción a 27 pesos, se implementaron dos mecanismos principales. Por un lado, Petróleos Mexicanos (Pemex) ha asumido el compromiso de disminuir el precio de venta del diésel en sus Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) en aproximadamente 90 centavos por litro, absorbiendo una parte sustancial del ajuste necesario.
Complementariamente, se pactó una reducción en las comisiones que las instituciones bancarias cobran por las transacciones de combustible realizadas con tarjetas y vales. Esta disminución, aunque menor en proporción, contribuye con los 10 centavos restantes para alcanzar el precio objetivo y aliviar la carga sobre los consumidores.
A pesar de los esfuerzos, expertos como Alejandro Montufar de PETROIntelligence, advierten sobre los desafíos que implica mantener este precio tope, especialmente para las estaciones de servicio que no dependen exclusivamente del suministro de Pemex. Los importadores privados a menudo ofrecen el diésel a precios superiores, lo que podría dificultar la adhesión de algunos distribuidores al acuerdo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la banca mexicana formalizaron estas medidas que entrarán en vigor a partir del 1 de mayo y se extenderán hasta el 31 de octubre de 2026. Esta ventana de tiempo busca proporcionar estabilidad mientras se monitorea la evolución del mercado energético global y las dinámicas geopolíticas.
Este “esfuerzo integral” destaca la coordinación entre el gobierno y la iniciativa privada para proteger la economía nacional y el poder adquisitivo de las familias mexicanas, demostrando una respuesta ágil ante los retos que impone el volátil panorama energético mundial.
