La primogénita de Michael Jackson, Paris Jackson, ha conseguido una significativa victoria judicial en la compleja disputa sobre el manejo financiero del patrimonio de su legendario padre. Un tribunal de Los Ángeles ha dictaminado a su favor, ordenando la devolución de una cuantiosa suma que había sido destinada a despachos jurídicos externos.
El fallo establece que 625 mil dólares, entregados como bonificaciones a estas firmas legales en 2018, no contaron con la aprobación correspondiente y, por tanto, deben ser reintegrados al patrimonio del “Rey del Pop”. Esta decisión surge directamente de las objeciones y preocupaciones planteadas por Paris Jackson respecto a la administración de la herencia familiar.
Los ejecutores testamentarios, John Branca y John McClain, quienes han supervisado los bienes de Michael Jackson desde su fallecimiento en 2009, se vieron envueltos en este litigio. Para Paris, esta resolución representa un paso fundamental hacia una mayor supervisión y transparencia en el manejo de los activos que dejó su progenitor.
Las objeciones iniciales de la artista, presentadas el año pasado, se centraron en cuestionar la legitimidad y la excesiva naturaleza de ciertos pagos. La defensa de Jackson argumentó que no existía una supervisión adecuada por parte de los ejecutores sobre los abogados externos y que las transferencias planteaban serias dudas sobre su capacidad de control.
Por su parte, los ejecutores defendieron los pagos, sosteniendo que las tarifas y bonificaciones eran prácticas comunes en la industria. Además, destacaron que su gestión había propiciado acuerdos comerciales de gran envergadura, incrementando sustancialmente el valor y los ingresos del patrimonio de Michael Jackson a lo largo de los años.
Si bien la corte reconoció el éxito de la administración de Branca y McClain en el crecimiento exponencial de la fortuna de Jackson, transformándola en una riqueza generacional para sus hijos, el tribunal fue claro en su veredicto. La falta de aprobación formal para estas bonificaciones específicas fue el punto decisivo para ordenar su reintegro.
Tras el dictamen, los representantes de los ejecutores expresaron su respeto por la decisión judicial, aunque manifestaron no compartirla plenamente. Subrayaron que, en ocasiones anteriores, bonificaciones similares sí habían recibido la luz verde judicial y aclararon que los fondos cuestionados se dirigieron a firmas externas, no a ellos directamente. Este hito marca la primera vez que tales pagos enfrentan objeciones formales en el proceso legal.
