Desde la imponente prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”, Joaquín “El Chapo” Guzmán ha vuelto a alzar su voz. El exlíder del Cártel de Sinaloa ha remitido una serie de cartas manuscritas a un tribunal federal de Brooklyn, en un renovado intento por cambiar su situación legal.
En estas misivas, redactadas entre el 7 y el 9 de mayo, Guzmán Loera insiste fervientemente en su inocencia. Además, cuestiona la validez de su extradición a Estados Unidos y solicita de manera explícita ser trasladado de regreso a su país natal, México.
Con un inglés algo confuso, “El Chapo” afirma en sus escritos ser “un ciudadano inocente de México” cuyos derechos de política exterior, según él, han sido violados por las leyes estadounidenses. Argumenta que su extradición, ocurrida en enero de 2017, fue “completamente ilegal”, señalando supuestas infracciones al debido proceso tanto por parte de México como de Estados Unidos.
Cumpliendo una condena de cadena perpetua desde 2019 por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego, Guzmán Loera ha descrito sus condiciones de reclusión como “tortura psicológica”. Esta campaña epistolar no es nueva, ya que ha enviado múltiples escritos al juez Brian Cogan, quien anteriormente ha desestimado varias de sus peticiones por falta de sustento jurídico.
Más allá de su deseo de repatriación, el ex capo también demanda mayores derechos de visita para su esposa y sus hijas gemelas. Consciente de los obstáculos legales, el narcotraficante subraya que no se ha fugado de ninguna prisión en Estados Unidos, previendo que su solicitud podría ser denegada bajo las leyes de fugitivos.
En sus alegatos, “El Chapo” reitera que durante su juicio no se presentaron “pruebas contundentes” en su contra y acusa a las autoridades judiciales de haber actuado bajo una “política de abuso judicial”. Estos argumentos forman parte de su estrategia para revisar su caso.
Finalmente, Guzmán Loera pide que su caso sea revisado bajo la “Ley First Step”. Esta legislación, aprobada en 2018 durante la administración de Donald Trump, busca modificar ciertos criterios penitenciarios y de liberación en el sistema judicial estadounidense, lo que podría, hipotéticamente, ofrecerle alguna vía de alivio o mejora en su situación actual.
