La presidenta Claudia Sheinbaum ha desestimado las acusaciones de censura tras sus recientes comentarios sobre la programación de TV Azteca, argumentando que sus declaraciones representan una opinión personal, amparada en la libertad de expresión, y no una interferencia estatal en los medios de comunicación.
Desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que su administración se distingue de gobiernos anteriores al no utilizar el aparato estatal para coartar la libertad periodística. “No es una censura, es una opinión”, enfatizó, destacando que la televisora ha tenido amplia oportunidad para expresar sus puntos de vista.
La polémica surgió luego de que Sheinbaum sugiriera “no ver TV Azteca” por considerar que difunde “muchas mentiras”, provocando una inmediata respuesta de la televisora, que acusó a la presidencia de orquestar una censura mediática. Este debate recuerda tensiones pasadas sobre la relación entre el poder y los medios.
Sheinbaum criticó que, en ocasiones, algunos medios trascienden la labor informativa para dedicarse a la política. Afirmó que, al igual que los medios, su gobierno también informa y hace política desde sus plataformas, buscando una transformación basada en la verdad.
En un giro significativo, la presidenta propuso a la Fiscalía General de la República investigar el origen de los recursos de las televisoras. Esta sugerencia busca analizar cómo se han financiado históricamente estos emporios y su intrínseca relación con el poder público.
En este contexto, Sheinbaum hizo alusión a casos emblemáticos, como el de Raúl Salinas de Gortari, donde recursos con origen cuestionable fueron devueltos tras procesos judiciales. La mandataria insiste en la legitimidad de indagar si existen expedientes que permitan esclarecer la procedencia de los fondos utilizados en operaciones clave de medios.
La administración actual ha reiterado su compromiso con la reducción del gasto gubernamental en medios y con el establecimiento de una relación regida por la transparencia y la legalidad. A diferencia de épocas anteriores, se evita la influencia directa en líneas editoriales a cambio de favores o concesiones.
La presidenta concluyó reafirmando que, a pesar de las críticas y posturas encontradas con algunos medios, su gobierno no replicará prácticas censoras del pasado. En cambio, seguirá defendiendo el derecho a la información y el proceso democrático, confiando en el respaldo ciudadano a su proyecto de transformación.
