Una reciente investigación periodística ha destapado una paradoja desconcertante en la lucha contra el “huachicol” en México. Se revela que, en medio de la estrategia gubernamental para erradicar el robo de combustible, una filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) habría otorgado un contrato millonario a una compañía vinculada directamente con una figura clave en el contrabando de hidrocarburos.
El periodista Raúl Olmos, autor del libro “Huachicol fiscal. La madre de todas las estafas”, asegura que las autoridades federales poseían conocimiento detallado de la red de contrabando y evasión fiscal, incluyendo empresas y aduanas implicadas. Sin embargo, presuntamente optaron por la inacción a pesar del impacto multimillonario en las arcas públicas.
El punto central de esta revelación es la presunta contratación de una empresa ligada a Sergio Carmona Angulo, conocido como “el rey del huachicol”, por parte de IIS Servicios. Esta filial de Pemex, encargada de la gestión de las pipas adquiridas para el transporte de combustible en 2019, supuestamente pagó una cifra considerable a la red que debía combatir.
Según los comprobantes fiscales obtenidos por Olmos, en 2021, IIS Servicios habría desembolsado al menos 22 millones de pesos a la compañía asociada con Carmona Angulo. Estos pagos se efectuaron meses antes de su asesinato en noviembre de ese año en San Pedro Garza García, Nuevo León, añadiendo una capa de misterio al caso.
El reportaje subraya que el gobierno federal disponía de diagnósticos precisos sobre las operaciones del huachicol fiscal, incluyendo rutas aduaneras y los actores involucrados. A pesar de reuniones semanales y el seguimiento exhaustivo de volúmenes robados y impuestos evadidos, la intervención para detener el esquema brilló por su ausencia.
El origen y la evolución de una red compleja
Olmos detalla cómo este entramado de “huachicol fiscal” se consolidó a partir de la reforma energética del sexenio anterior, con la entrega masiva de permisos de importación. Estos permisos, que debían impulsar la competencia, fueron presuntamente utilizados por grupos empresariales y criminales para simular operaciones y evadir impuestos.
El mecanismo, denominado “contrabando documentado”, implicaba la declaración de productos como aditivos o aceites, mientras que en realidad se introducía gasolina y diésel al país. De forma irónica, el cierre de ductos de Pemex en 2019, implementado para combatir el robo directo, habría impulsado aún más esta sofisticada modalidad de contrabando.
Conexiones políticas, el desfalco y la justicia pendiente
La investigación no solo señala a operadores y empresas, sino que menciona la presunta implicación de figuras políticas como Alfonso Romo y Amílcar Olán, este último cercano a un hijo del presidente. Incluso se hacen referencias a Manuel Bartlett, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, lo que subraya la amplitud de la red.
El periodista también destaca la presunta corrupción dentro de la Secretaría de Marina, con alusiones a altos mandos involucrados en la liberación de pipas incautadas. Además, la investigación sugiere que el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa habrían participado activamente en esta red de contrabando.
Las pérdidas para el Estado mexicano se estiman en al menos 600 mil millones de pesos, equivalentes a 40 veces el escándalo de Segalmex, y el periodista sugiere que parte de esos recursos podrían haber financiado campañas políticas. La presión de Estados Unidos es un factor clave en los avances de las investigaciones actuales, según Olmos.
Ante la magnitud del desfalco, Raúl Olmos enfatiza la necesidad de una justicia integral que no se limite a “chivos expiatorios”, sino que investigue a fondo las estructuras empresariales y políticas involucradas. Solo así, advierte, se podrá erradicar de raíz un problema de corrupción estructural tan arraigado en el país.
