México ha salido victorioso de un significativo arbitraje internacional, desestimando una reclamación millonaria presentada por la minera estadounidense Silver Bull Resources. Este favorable dictamen evita al país el pago de más de 315 millones de dólares, marcando un precedente importante en la defensa de sus intereses ante organismos internacionales.
El litigio se centró en un proyecto minero ubicado en Sierra Mojada, Coahuila, y fue iniciado por Silver Bull Resources bajo el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La compañía argumentaba que las autoridades locales habían permitido que una cooperativa minera obstruyera el desarrollo de sus operaciones.
La Secretaría de Economía informó que el Tribunal Arbitral del CIADI, adscrito al Banco Mundial, resolvió por unanimidad a favor del Estado mexicano. Dicha resolución desestimó la totalidad de las reclamaciones de la minera, que exigía una compensación superior a los 315 millones de dólares por presuntas afectaciones a su inversión.
Durante el proceso, la defensa de México argumentó que las autoridades estatales actuaron de forma razonable ante un conflicto social preexistente entre la empresa y la comunidad. Además, se señaló que las reclamaciones de Silver Bull se encontraban fuera del alcance temporal del TLCAN y que la compañía carecía de la capacidad técnica y financiera necesaria para llevar a cabo el proyecto.
El fallo, emitido el 29 de mayo, concluyó que no existían pruebas suficientes para sustentar la acusación de que el Estado mexicano promovió activamente el bloqueo del proyecto minero. También se determinó que los hechos alegados por la minera ocurrieron en un periodo no contemplado por las disposiciones del TLCAN, restando competencia al tribunal para abordar el fondo del asunto.
Como parte de la resolución, el panel arbitral no solo desestimó la demanda de Silver Bull, sino que también ordenó a la compañía reembolsar a México una suma considerable en concepto de gastos y costos asociados al procedimiento legal, lo que representa una victoria doble para el país.
La Secretaría de Economía enfatizó que esta victoria es “sumamente relevante” para fortalecer la certeza jurídica en el ámbito de la inversión internacional. El resultado del arbitraje clarifica los límites de las obligaciones de México bajo tratados internacionales y confirma que las controversias no eran atribuibles al Estado mexicano.
La defensa del Estado fue coordinada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de reconocidas firmas legales internacionales. El laudo arbitral está en revisión para proteger información confidencial antes de su publicación oficial por el CIADI.
