La visa de Adán Augusto López, revocada por Estados Unidos ante investigación de huachicol

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En un giro sorprendente de los acontecimientos, el senador Adán Augusto López Hernández, figura prominente del partido Morena y exsecretario de Gobernación, habría sufrido la revocación de su visa estadounidense. Este hecho se enmarca en una profunda investigación por parte de las autoridades de Estados Unidos, que indagan sus presuntos vínculos con el contrabando de combustible, conocido popularmente como huachicol.

La revelación, atribuida al periodista Raymundo Riva Palacio en su columna “Estrictamente Personal”, sugiere que la medida es parte de una ofensiva más amplia de Washington contra actores políticos mexicanos. Se señala que en septiembre de 2025, durante un encuentro entre el entonces secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se entregaron “fichas” con información clave sobre López Hernández y su supuesta participación en el tráfico de combustible desde el sur de México.

Esta información, según el reporte, motivó la insistencia de la presidenta Sheinbaum para que López Hernández aceptara una embajada, una propuesta que el senador se negó a considerar. Respaldado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, mantuvo su rol en la coordinación de Morena en el Senado, posición de la que dimitió en febrero.

La investigación en Estados Unidos no se habría limitado al senador. Presuntamente, también se ha extendido a los hijos del expresidente López Obrador, en particular a Andrés Manuel López Beltrán, por su supuesta implicación en el huachicol fiscal, un tema sobre el cual existirían evidencias en ambos países.

Repercusiones para otros funcionarios

El caso de Adán Augusto López Hernández no es aislado. Tras conocerse la revocación de su visa, la noticia se suma a reportes similares que involucran a los gobernadores morenistas de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, cuyas visas también habrían sido canceladas por supuestos lazos con el crimen organizado. Aunque Durazo y Villarreal han desmentido públicamente esta información, las alertas se han encendido en Palacio Nacional ante la posibilidad de que estas acciones se extiendan a otros funcionarios, como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

La confirmación de estas revocaciones por parte del Departamento de Estado al gobierno mexicano ha generado preocupación, especialmente ante la posibilidad de que la mira se ponga en más miembros de la familia del expresidente. La cancillería mexicana se mantiene en monitoreo constante de las acciones de Washington.

Las consecuencias de esta investigación ya se están haciendo sentir. El periodista Riva Palacio indica que algunas cuentas bancarias del senador en Estados Unidos han sido congeladas, y varias de sus propiedades están en proceso de embargo, lo que subraya la seriedad de las acusaciones.

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