La Cámara de Diputados de México dio luz verde a una significativa reforma constitucional que impacta directamente en el calendario electoral del Poder Judicial. Con 341 votos a favor, la propuesta aplaza la elección de sus integrantes de 2027 a 2028, evitando así su coincidencia con los comicios ordinarios del próximo año.
Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca, según sus defensores, optimizar los procesos democráticos. Mariana Benítez Tiburcio (Morena) argumentó que las transformaciones requieren constante evaluación y capacidad para corregir, permitiendo a las autoridades más tiempo para perfeccionar mecanismos técnicos, metodologías de evaluación y la organización territorial de las elecciones.
Entre los puntos clave de la reforma se encuentra no solo el cambio de fecha al 4 de junio de 2028, sino también el fortalecimiento de los comités de evaluación de aspirantes con criterios homogéneos. Asimismo, se busca reducir el número de candidatos para simplificar las boletas y mejorar el conocimiento de los interesados, además de incorporar capacitación permanente para jueces.
La oposición, conformada por PAN, PRI y MC, criticó duramente la reforma. Rubén Moreira (PRI) advirtió que la modificación al artículo 35 constitucional podría introducir “por la puerta de atrás” el empalme de consultas de revocación de mandato con elecciones ordinarias en 2028, año en que se definirán gubernaturas en seis entidades.
Laura Cristina Márquez (PAN) calificó la iniciativa como una admisión del “fracaso” de la reforma al Poder Judicial, al politizar una institución que, a su juicio, debería ser neutral y técnica. La diputada también señaló que el problema de la concurrencia electoral solo se posterga a 2030 y 2033, calificando la situación como un “ensayo y error” que traiciona la confianza ciudadana.
Por su parte, Marycarmen Bernal (PT) defendió la propuesta, enfatizando que “toda ley es perfectible” y que es función del legislador satisfacer las necesidades de modificar la norma. Reconoció deficiencias en votaciones judiciales previas y la necesidad de subsanarlas, argumentando que el retraso generará mayor certeza y la reducción de candidatos simplificará el proceso.
Durante la sesión, el ambiente se tornó tenso con un cruce de acusaciones e insultos. Carlos Gutiérrez Mancilla (PRI) arremetió contra la bancada de Morena, generando una fuerte reacción y desorden en el pleno. Las bancadas se enfrentaron verbalmente, elevando la tensión por varios minutos.
La intervención del coordinador de la bancada guinda, Ricardo Monreal, fue crucial para calmar los ánimos, instando a sus correligionarios a cesar la confrontación y permitir que la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, restableciera el orden. Monreal también defendió a Leonel Godoy, quien había sido blanco de ataques.
Tras intensos debates y momentos de alta tensión, la reforma fue aprobada en lo general. La discusión de las 297 reservas y otras dos reformas relacionadas con la intervención extranjera como causal de nulidad electoral y la creación de una comisión verificadora de candidaturas se pospuso para la siguiente sesión.
