En un importante golpe a la corrupción municipal, autoridades federales anunciaron la detención de cuatro personas en Morelos, entre ellas, el actual presidente municipal de Atlatlahucan y un expresidente municipal de Yecapixtla, bajo cargos de extorsión. Este operativo se enmarca en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y la continuidad de la Operación Enjambre.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó los arrestos de Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan, e Irving “N”, quien fuera presidente municipal de Yecapixtla. Asimismo, se informó que las autoridades siguen en la búsqueda para cumplimentar una orden de aprehensión contra Jesús “N”, el actual edil de Cuautla, ampliando el alcance de la investigación.
Estas acciones son fruto de una robusta colaboración interinstitucional, que incluye a la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC, la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La sinergia entre estas entidades ha permitido desarticular posibles redes de extorsión que involucran a funcionarios públicos.
Las indagatorias han revelado que la Operación Enjambre, una iniciativa federal clave, busca desentrañar nexos entre autoridades municipales y grupos de la delincuencia organizada. Se han ejecutado ya cinco órdenes de aprehensión, y la investigación se expande a diversos municipios en la zona oriente y sur del estado de Morelos, incluyendo Totolapan y Temoac, entre otros.
Los implicados detenidos provienen de diversas afiliaciones políticas, lo que subraya la transversalidad de los presuntos actos de corrupción. Agustín “N” fue postulado por el PRI, mientras que Irving “N” y Jesús “N” contaron con el respaldo de coaliciones lideradas por el PAN. Entre otras detenciones, se incluye a un candidato de Movimiento Ciudadano y una consejera estatal de Morena.
El exsecretario de Seguridad Pública de Morelos, Miguel Ángel Urrutia Lozano, había advertido previamente sobre estas investigaciones. Sus declaraciones resaltaron la existencia de trabajos coordinados con instancias federales para detectar posibles vínculos entre funcionarios públicos y estructuras criminales, especialmente en delitos de extorsión.
Actualmente, las investigaciones continúan activas y se extienden a municipios como Jonacatepec, Amacuzac y Puente de Ixtla, donde se han abierto carpetas de investigación. Las autoridades federales se mantienen firmes en su compromiso de depurar las administraciones locales de cualquier lazo con actividades ilícitas, aunque los cargos específicos aún están por detallarse.
