Tras 144 años de construcción, la majestuosa Sagrada Familia de Barcelona se encamina hacia su fase final, un hito que, lejos de ser puramente celebratorio, ha reavivado un antiguo y complejo conflicto urbanístico. La coronación de la imponente Torre de Jesús, recientemente inaugurada por el Papa, ha puesto el foco en los últimos elementos que restan para su culminación.
El desafío más significativo y controvertido reside en la fachada de la Gloria. Para que esta sea terminada según los planos actuales, se proyecta la construcción de una gran escalinata de acceso y una plaza monumental, destinadas a ofrecer una perspectiva visual idónea del templo.
Sin embargo, la realización de esta visión se topa con un obstáculo físico insalvable: dos manzanas de viviendas habitadas, que albergan a cerca de un millar de personas. Estas edificaciones se asientan precisamente en el terreno donde deberían erigirse la escalinata y la avenida, un dilema que se remonta al trazado original del Eixample barcelonés en 1860.
La Junta Constructora de la Sagrada Familia, la entidad privada a cargo de las obras, sostiene firmemente que la expansión es parte integral del diseño original de Antoni Gaudí. Alegan que la visión del arquitecto debe ser respetada para la completa materialización de la basílica, una postura que mantienen “indiscutible”.
En contraparte, los vecinos afectados se oponen rotundamente a la demolición de sus hogares, cuestionando la autoría de Gaudí sobre estos planos de expansión. Documentos históricos y mapas de la ciudad sugieren que las casas existían frente a la futura fachada de la Gloria desde antes de que se planteara dicha ampliación, y algunos informes técnicos descartan la autoría de Gaudí para estas específicas escalinatas.
La visión de Gaudí en el centro de la polémica
El debate central gira en torno a si Gaudí realmente concibió la escalinata y la plaza de acceso que se extenderían más allá de los límites del templo. Mientras la Junta Constructora presenta planos posteriores a 1900 que muestran esta expansión, los primeros bocetos de 1885 sitúan la fachada y sus escaleras dentro de la manzana original del templo.
Además, el Plan de Ensanche de Sant Martí de 1925 y el Plan Comarcal de 1953, ambos aprobados en vida de Gaudí, no hicieron reserva alguna de terrenos en la calle Mallorca para una expansión del templo. Incluso un informe de 1975 del Ministerio de Educación y Ciencia y otro del Archivo del Colegio de Arquitectos de Barcelona certifican que Gaudí no proyectó la controvertida escalinata.
Ante este impasse, el Ayuntamiento de Barcelona ha tomado cartas en el asunto. El equipo del alcalde Jaume Collboni ha manifestado que la decisión final recaerá en la ciudad, no en la Junta Constructora, y ha enfatizado que, de ser necesario reubicar a vecinos, los costes deberán ser asumidos por el templo, buscando minimizar el número de afectados.
Las negociaciones entre el Ayuntamiento, la Junta y las asociaciones de vecinos avanzan, buscando una solución que concilie la finalización de un icono mundial con el respeto a los derechos residenciales. Se espera que antes de las elecciones de 2027 se fije una fórmula definitiva que delimite qué propiedades se verán afectadas y cómo se gestionará el posible realojo, con opciones ya en estudio, como una parcela cercana adquirida por la Sagrada Familia.
Este punto de inflexión representa un delicado equilibrio entre la perpetuación de un legado arquitectónico y la salvaguarda del tejido urbano y social de Barcelona, un desafío que la ciudad espera resolver con consenso y responsabilidad.
