La Fiscalía General de la República (FGR) ha concluido que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido el pasado 28 de diciembre, fue causado por el exceso de velocidad de los operadores. Este trágico incidente resultó en 14 personas fallecidas y un centenar de heridos, y la investigación final fue presentada por Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR.
El informe detalla que la infraestructura del tren, incluyendo la vía, durmientes, fijaciones y balasto en el punto del accidente, cumplía con todas las normativas de ingeniería civil. Tras exhaustivos análisis, se descartaron fallas en la construcción de esta importante obra, impulsada durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Exoneración a la Secretaría de Marina y contratos sin irregularidades
Dada la solidez de los hallazgos, la FGR decidió no ejercer acción penal contra la Secretaría de Marina (Semar), entidad encargada de la construcción y operación del ferrocarril. Esto implica que no se imputarán delitos por uso ilícito de atribuciones o ejercicio indebido del servicio público.
Asimismo, Godoy Ramos señaló que diversas auditorías, tanto de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no encontraron irregularidades en los 41 contratos públicos relacionados con la vía, la adquisición del material rodante y su mantenimiento.
Proceso penal y acuerdos reparatorios
El proceso penal sigue su curso contra Felipe de Jesús Díaz Gómez, conductor, y Ricardo Mendoza Cerón, quienes ya se encuentran detenidos y vinculados a proceso por homicidio y lesiones culposas. La Fiscalía General de la República continúa buscando al maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, también implicado en el suceso.
La fiscal también informó que la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. ha alcanzado acuerdos reparatorios con 145 personas afectadas, incluyendo 114 adultos y 31 menores. Estos acuerdos han permitido la reparación integral del daño, extinguiendo la acción penal contra la paraestatal.
La Secretaría de Gobernación confirmó que todas las víctimas que iniciaron el proceso de reparación integral han sido atendidas, aunque los montos exactos no se revelaron por razones de protección y solicitud de los propios afectados.
Con el cierre de este caso, Ernestina Godoy Ramos aseguró que la FGR ha cumplido con su deber de esclarecer los hechos, proteger a las personas inocentes y asegurar que los culpables enfrenten la justicia, garantizando la reparación de los daños causados.
