La máxima autoridad ministerial de San Luis Potosí ha salido al frente para desmentir enérgicamente las acusaciones de hostigamiento contra la prensa en la entidad. María Manuela García Cázares, Fiscal General del Estado, aseguró que su dependencia opera bajo estrictos principios legales, descartando cualquier influencia externa en sus decisiones.
En una declaración oficial, García Cázares enfatizó que la Fiscalía General del Estado (FGESLP) aborda las denuncias por hechos que constituyen delito sin distinción alguna de la profesión de los involucrados. Su objetivo primordial es aplicar la ley de manera equitativa y transparente para todos los ciudadanos.
Estas afirmaciones surgen en respuesta a los señalamientos de diversas organizaciones civiles, las cuales habían alertado sobre una presunta campaña de persecución contra periodistas y un supuesto irrespeto al debido proceso en las recientes detenciones relacionadas con delitos contra la dignidad humana.
La Fiscal General fue clara al indicar que la coordinación institucional con los poderes del Estado no vulnera la autonomía jurídica ni operativa de la FGESLP. Todas las actuaciones y procedimientos de la institución se encuentran firmemente sustentadas en el Código de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
García Cázares explicó que la integración de las carpetas de investigación se basa en la existencia de elementos suficientes, y la solicitud de medidas ante el Poder Judicial es una prerrogativa de la Fiscalía. Sin embargo, es un Juez quien, en última instancia, determina la procedencia de una orden de arresto o presentación, actuando la Fiscalía como representante legal de la parte denunciante.
Por lo tanto, la funcionaria hizo un llamado a no malinterpretar el papel de la institución, la cual no busca ser un ente inquisidor o sancionador, sino un garante de la justicia. Reiteró que no hay investigaciones ni mandamientos judiciales activos que involucren a profesionales del periodismo en San Luis Potosí.
Con respecto a las recientes detenciones de tres individuos por la probable comisión de delitos contra la dignidad humana, específicamente por manipulación ilícita de imagen e identidad digital, la Fiscal aseguró que se actuó conforme a la ley, garantizando siempre el debido proceso. Cualquier alegato en contrario deberá ser debidamente acreditado por quien lo exponga.
