Una profunda crisis humanitaria se vive en la región de La Montaña Baja de Guerrero, donde cientos de familias indígenas nahuas se han visto forzadas a abandonar sus hogares. Comunidades enteras de Tula, Xicotlán y Acahuetlán, en el municipio de Chilapa, han sido blanco de intensos ataques, generando un desplazamiento masivo y una creciente desesperación.
Durante más de cinco días, pobladores han enfrentado una escalada de violencia caracterizada por balaceras y el uso de drones para lanzar explosivos. Estos actos son atribuidos al grupo narcoparamilitar “Los Ardillos”, cuya incursión en la zona desde 2015 ha sembrado un rastro de crímenes, secuestros, extorsiones y el constante éxodo forzado.
Los Ardillos atacaron comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero
Buscan apoderarse del territorio
Las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán estuvieron bajo fuego #SomosRedd pic.twitter.com/83YgXNVkvP
— Noticias RedMX (@noticiasredmx) May 10, 2026
El Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) ha levantado la voz, señalando la inacción gubernamental ante esta embestida. En un emotivo comunicado emitido durante el Día de las Madres, la agrupación lamentó que, mientras en las ciudades se ofrecen discursos y flores, las mujeres indígenas huyen con sus hijos bajo el terror de los ataques y la incertidumbre.
La crítica se extiende a los tres niveles de gobierno, acusándolos de omisión y, en algunos casos, de supuesta complicidad con los perpetradores. El CIPOG-EZ ha documentado la alarmante cifra de 76 miembros asesinados y 25 desaparecidos, exigiendo que se ponga fin a la guerra contra sus pueblos y que se garantice el derecho a una vida digna y en paz.
Organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo el Consejo Nacional Indígena y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, han condenado enérgicamente los ataques. A través de una carta conjunta, urgieron al Estado mexicano a intervenir de manera inmediata para frenar esta ofensiva que califica de “carácter paramilitar”.
Entre sus demandas, destacaron la necesidad de reconocer la grave crisis de derechos humanos en la región y la identificación y sanción de los responsables. Asimismo, instaron a revisar la actuación del Ejército Mexicano, que, según testimonios, ha presenciado los eventos sin intervenir para detener a los agresores.
Finalmente, exigieron la implementación de medidas de protección efectivas para defensores de derechos humanos y las comunidades en riesgo. Subrayaron la urgencia de atender a las 800 familias desplazadas y la inmediata detención y desarticulación de “Los Ardillos”, cuyo silencio institucional y la impunidad, afirman, no pueden seguir siendo la respuesta del Estado.
