El pleno de la Knéset, el Parlamento israelí, dio luz verde este lunes 30 de marzo de 2026 a una controvertida reforma legal. Esta legislación faculta a los tribunales para imponer la pena de muerte mediante ahorcamiento a aquellos individuos hallados culpables de lo que se ha definido como “asesinato terrorista”.
La iniciativa ha sido objeto de fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Estas entidades advierten que, en la práctica, la ley podría ser aplicada de manera desproporcionada a palestinos residentes en Cisjordania ocupada, mientras que los ciudadanos judíos israelíes enfrentarían criterios diferentes y la posibilidad de cadena perpetua.
La votación resultó en una aprobación con 62 votos a favor y 48 en contra. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estuvo presente en la sesión y emitió su voto a favor de la medida, que fue impulsada principalmente por el partido del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, conocido por sus posturas ultranacionalistas.
Tras la aprobación, el ministro Ben Gvir intentó celebrar descorchando una botella de champán, acción que fue impedida por un ujier. Poco después de estos acontecimientos en el Parlamento, se reportó un lanzamiento de misiles desde Irán con dirección a la región de Tel Aviv, añadiendo tensión a la jornada.
Desde la oposición, el diputado Matti Sarfatti, del partido ‘Yesh Atid’, expresó su enérgica condena a la nueva ley durante el debate. Sarfatti la calificó como “populista, inmoral, no igualitaria” y subrayó que la considera “claramente inconstitucional” por las implicaciones que conlleva.
La reforma establece que, con escasas excepciones aún por definir, los tribunales militares israelíes estarán obligados a dictar la pena capital a los palestinos culpables de dicho delito en Cisjordania. En contraste, los tribunales ordinarios que juzgan a ciudadanos israelíes mantienen la flexibilidad de optar por la cadena perpetua, bajo condiciones más específicas.
