La Fiscalía General de la República (FGR) ha puesto en marcha un proceso de citatorios que involucra a figuras políticas de alto perfil en México. Se ha convocado a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para rendir declaración en calidad de testigos ante el Ministerio Público Federal. Estos llamados corresponden a expedientes sensibles que acaparan la atención pública.
Para la mandataria chihuahuense, la citación surge en el marco de una investigación por presuntos delitos contra la seguridad nacional. Este caso se deriva de la supuesta intervención de dos miembros de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo antinarcóticos llevado a cabo en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril. La FGR busca esclarecer los detalles y responsabilidades en este incidente.
En cuanto a Rocha Moya, el exgobernador de Sinaloa ha sido requerido a raíz de acusaciones formuladas por el gobierno de Estados Unidos. La justicia estadounidense, a través de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, lo ha señalado, junto a otros exfuncionarios, por presuntamente haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección a sus actividades delictivas. Estados Unidos incluso solicitó su detención provisional con fines de extradición.
Ante la difusión de estas notificaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) intervino para clarificar la naturaleza de los citatorios. La Segob enfatizó que se trata de “un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos” y aseguró que estas “actuaciones se desarrollan con fundamento en la ley y no tienen interés político”, buscando disipar cualquier especulación sobre motivaciones políticas.
Ambos funcionarios han expresado públicamente su disposición a cooperar. María Eugenia Campos manifestó en redes sociales su compromiso de “seguir dando la cara y dando la lucha por tu familia”, mientras que Rubén Rocha Moya declaró sentirse “un hombre probo” sin “nada que temer”, mostrando su confianza en el proceso judicial. Estas declaraciones reflejan la tensión y el escrutinio que rodea a ambos casos.
La FGR ha sido enfática en que el objetivo de estas comparecencias es “avanzar con seriedad y exhaustividad” en ambas investigaciones. Para el caso de Sinaloa, México ha solicitado a las autoridades estadounidenses la información que acredite las acusaciones de actos delictivos contra Rocha Moya y los otros nueve exfuncionarios señalados.
