El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ha desmentido categóricamente que dicho organismo validara el triunfo de Rubén Rocha Moya como gobernador de Sinaloa en las elecciones de 2021. En contraste, Córdova afirmó que el INE sí documentó y denunció múltiples actos de violencia e irregularidades durante aquel proceso electoral.
Durante una entrevista, Córdova explicó que la atribución de validar los resultados no recayó en el INE, sino en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa. Subrayó que esta validación fue impulsada por la magistrada Aída Inzunza Cázarez, hermana del actual senador Enrique Inzunza, quien hoy enfrenta acusaciones en Estados Unidos.
El exconsejero detalló que el INE, en su momento, reportó incidentes como violencia, robo y destrucción de material electoral en varias casillas, especialmente en la zona norte del estado, abarcando municipios como Guamúchil, Guasave y Ahome. Esta región es conocida históricamente por la presencia y operación del Cártel de Sinaloa.
La jornada electoral de 2021 se vio empañada por la irrupción de hombres armados en casillas, interrupciones de votación, disparos y el robo de paquetes electorales. En algunos casos, los delincuentes respetaron los paquetes federales, enfocándose únicamente en los de la elección local, lo que generó un ambiente de alta tensión y desconfianza.
LORENZO CÓRDOVA GOLPEA DURÍSIMO A LA 4T.
El ex titular del INE exhibe pruebas de cómo Rocha Moya llegó al poder ayudado de la hermana del ahora escindido senador Inzunza.
La red de narco-corrupción del bienestar en Sinaloa ni García Luna la tenía. pic.twitter.com/eveQ8OeO3L
— Neoliberalover (@neoliberalover) May 14, 2026
Córdova también refutó las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había sugerido que el INE, bajo su dirección, debería haber presentado pruebas de irregularidades. El exconsejero calificó estas afirmaciones como “falsedades” y aseguró que el INE sí interpuso denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL), aunque pocos casos fueron judicializados.
Este debate resurge a raíz de la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 por la fiscalía de Estados Unidos en Nueva York. Dicho documento vincula a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios con “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, sugiriendo un pacto para asegurar el triunfo electoral del gobernador y la posterior designación de funcionarios afines al grupo criminal.
La elección de 2021 en Sinaloa fue un capítulo oscuro, marcado por secuestros, amenazas y el asesinato de candidatos y operadores electorales. Proyectos como “Votar entre balas” documentaron seis secuestros, dos asesinatos y una amenaza, afectando a figuras como Paola Iveth Gárate Valenzuela, candidata a diputada, y el hermano de la candidata Guadalupe Iribe.
Durante la jornada, la Policía Estatal recibió órdenes explícitas de no intervenir en los recintos electorales, incluso ante denuncias de crímenes. Ante esta situación, dirigentes nacionales de partidos de oposición viajaron a Washington para presentar un expediente ante la Organización de los Estados Americanos, mientras que el tribunal local reconoció “indicios” de violencia pero sin “prueba plena”.
