El Gobierno de México ha expresado su enérgico rechazo a las acusaciones vertidas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de un informe sobre desaparición forzada. Las autoridades mexicanas calificaron el documento como “tendencioso y falto de rigor jurídico”, señalando que el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) omite los avances sustanciales logrados en la lucha contra este flagelo desde el año 2018.
Este rechazo surge después de que el Comité solicitara al secretario general de la ONU, António Guterres, que remitiera “urgentemente” la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General. Un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores detalla la postura del gobierno federal.
La administración mexicana afirmó que el informe es “parcial y sesgado”, al no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por México. Estas demostraban que los argumentos del CDF no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité ni con los logros institucionales obtenidos desde 2019, y particularmente desde 2025.
Se destacó que el marco utilizado por el Comité “no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”. Las instancias federales apuntaron que el informe hace referencia principalmente a hechos ocurridos entre 2007 y 2017, periodos que corresponden a los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, enfocándose en cuatro estados específicos.
Además, México lamentó que el Comité rechazara estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución. Sin embargo, el documento del CDF sí reconoce, en los párrafos 117 y 118, que “no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Las dependencias federales consideraron que la “falta de rigor jurídico” en la argumentación del Comité, sumada a la ligereza de sus premisas, se agrava por presuntos conflictos de interés de algunos de sus integrantes. Existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra el Estado mexicano.
El Gobierno de México ratificó su postura de no tolerar, permitir ni ordenar desapariciones forzadas, recordando que en la actual administración se impulsó una reforma legislativa e institucional en coordinación con colectivos de familiares. Esto llevó a la aprobación de reformas a la ley en la materia en julio pasado, con herramientas y obligaciones que, según México, el Comité “no consideró debidamente”.
Entre las reformas implementadas se incluyen la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de abrir una carpeta de investigación ante el primer reporte, la Plataforma Única de Identidad, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
México reafirmó su compromiso absoluto con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, considerándolo una parte central de la transformación nacional. El país está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.
