El gobierno de México, a través de su presidenta Claudia Sheinbaum, ha manifestado un contundente rechazo al informe presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Esta postura se fundamenta en lo que las autoridades mexicanas consideran una metodología defectuosa en la elaboración del documento.
La principal crítica radica en que el reporte, según Sheinbaum, extrapoló las cifras de un análisis original que abarcó el periodo de 2009 a 2016, extendiéndolas indebidamente hasta el año 2025. Esto, argumenta la mandataria, no refleja la situación actual ni los esfuerzos recientes del país.
Sheinbaum rechaza informe del comité de la ONU sobre desapariciones
La ONU advierte que en México no son casos aislados, es un patrón que se repite
Miles de familias viven ese infierno todos los días
Vidas truncadas. Gobiernos omisos. Instituciones podridas pic.twitter.com/phXdcViQN5
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 6, 2026
Además, la presidenta Sheinbaum señaló que la investigación del comité se centró en solo cuatro entidades federativas de la República. Considera que este enfoque, proveniente de la “época neoliberal”, no proporciona una visión integral ni actualizada de la problemática a nivel nacional.
Otro punto de controversia es que, para el gobierno mexicano, la investigación del CDF excede los estatutos propios de esta comisión y de la ONU respecto a la correcta caracterización de la desaparición forzada. Este aspecto jurídico es clave en el desacuerdo.
Sheinbaum enfatizó que el informe de la ONU no tomó en cuenta las múltiples acciones que su administración ha implementado para combatir este delito. Subrayó que la objeción no menoscaba la solidaridad con los colectivos de búsqueda ni el trabajo para erradicar la desaparición vinculada a la delincuencia organizada.
Esta ratificación presidencial secunda la declaración emitida días antes por la Secretaría de Gobernación. Dicha dependencia había calificado el informe como “tendencioso y falto de rigor jurídico”, argumentando que omitía los avances significativos logrados desde 2018.
El comité de la ONU había solicitado al secretario general, Antonio Guterres, que la situación de las desapariciones forzadas en México fuera remitida “urgentemente” a la Asamblea General. Ante esto, el gobierno mexicano buscará un diálogo directo con el alto comisionado de la ONU.
La finalidad de este acercamiento es detallar las razones por las cuales México no está de acuerdo con el contenido del documento. Se espera establecer una relación estrecha con el alto comisionado para exponer de manera clara la perspectiva mexicana sobre el informe y sus inconsistencias metodológicas.
