El Tribunal Supremo de España ha desestimado las peticiones para suspender el derecho al voto de cerca de 190.000 descendientes beneficiados por la controvertida ‘ley de nietos’ en las próximas elecciones generales. Esta determinación significa que dicho colectivo podrá ejercer su sufragio sin impedimentos el 29 de noviembre.
La decisión del Alto Tribunal se basa primordialmente en cuestiones temporales. Los magistrados argumentaron que las solicitudes de suspensión, presentadas por Vox e Iustitia Europa, llegaron con el proceso electoral ya avanzado, a tan solo una semana del inicio de la campaña y a dos del depósito del voto para residentes ausentes.
A pesar de esta validación para los ‘hijos’ de los nacionalizados, el Supremo se reafirmó en una suspensión cautelar anterior que afecta a unos 162.000 individuos que obtuvieron la nacionalidad por la misma ley, pero que no pudieron justificar un exilio por motivos políticos. Esta medida original fue adoptada mucho antes de la convocatoria electoral.
El Gobierno ha celebrado la resolución favorable a la participación de los ‘hijos’ en los comicios, interpretándola como un freno a lo que considera una “estrategia de organizaciones ultraderechistas” para coartar derechos fundamentales. No obstante, ha criticado que este mismo razonamiento no se aplicara a los ‘nietos’ previamente afectados.
Un aspecto relevante es que el número de ‘hijos’ a los que se les ha permitido votar (189.678) es superior al colectivo de ‘nietos’ cuya participación fue suspendida (162.454). Los jueces recalcaron que, aunque existía un riesgo de alteración del censo por el incremento excepcional, los plazos actuales impedían una nueva suspensión sin “perturbación grave de los intereses generales”.
La decisión no fue unánime, ya que el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero emitió un voto particular. Argumentó que, para mantener una línea de actuación coherente, si la suspensión fue necesaria en el primer caso, también lo sería para este colectivo, anticipando que la sentencia futura deberá abordar esta discrepancia.
Por su parte, la magistrada María Alicia Millán también formuló un voto particular respecto a la suspensión inicial de los ‘nietos’. En su opinión, no se debería equiparar la potencial ampliación indebida de la ‘ley de nietos’ con actuaciones fraudulentas, y señaló que el 0,42% del censo electoral que representa este colectivo no justifica la suspensión del derecho fundamental al sufragio.





