Un análisis reciente de Carlos Loret de Mola detalla una supuesta operación encubierta llevada a cabo por el gobierno federal para disimular la escasez de gasolina y diésel en el país. Esta táctica, según el columnista, busca evitar reconocer directamente a los empresarios gasolineros la falta de producto para abastecer sus estaciones.
La estrategia consistiría en el uso de diversas “artimañas” detectadas rápidamente por los empresarios del sector. De forma repentina, autoridades federales proceden a clausurar gasolineras basándose en excusas que son calificadas de “infantiles” o sin fundamento sólido. Se exigen nuevos requisitos o se revisan detalles que previamente no eran motivo de inspección.
Entre los pretextos esgrimidos se encuentran aspectos de seguridad, impacto ambiental, precios, sospechas de “huachicol” o la ausencia de documentos específicos, ya sea en formato físico o digital. El objetivo primordial de estas acciones es forzar el cierre de la estación por un periodo de dos o tres días, durante los cuales Pemex puede reponer su inventario.
Al cabo de este tiempo, las autoridades levantan la clausura y el combustible finalmente llega. Esta secuencia de eventos ha permitido a Pemex reabastecerse, mientras se clausuran otras estaciones en un “perverso carrusel” que, según el artículo, ya ha sido descubierto por los gasolineros, quienes inicialmente creyeron en genuinas irregularidades.
La proliferación inusual de clausuras y los pretextos poco convincentes de las autoridades llevaron a los empresarios a sospechar y, finalmente, a desvelar la verdadera razón detrás de estos cierres. En áreas fuera de las grandes urbes, no es raro encontrar estaciones de servicio clausuradas, evidenciando un patrón que ha generado enojo entre los gasolineros por lo que consideran una competencia desleal, ya que las estaciones de la marca Pemex rara vez enfrentan escasez.
Esta situación se agrava al considerar que México cuenta con reservas de gasolina para apenas tres días, lo que representa un riesgo monumental ante cualquier falla en el suministro. Esta cantidad está muy por debajo de la regulación mexicana, que exige una reserva para 18 días, y lejos de los 90 días recomendados por prácticas internacionales en países de la OCDE.
El columnista vincula este panorama a una “arista más del desastre de la política energética de la 4T”. A pesar de las promesas de aumentar la producción de barriles diarios y reducir la dependencia de importaciones, la producción ha disminuido y la refinería de Dos Bocas ha presentado caídas significativas en su operación, lo que pone en entredicho los objetivos planteados.
