El partido Morena ha interpuesto formalmente un juicio electoral con el objetivo de anular la elección de las 16 diputaciones locales en Coahuila. Esta acción legal se produce una semana después de los comicios del 7 de junio, donde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se declaró ganador en todos los distritos de mayoría relativa.
La impugnación de Morena se fundamenta en un presunto patrón de irregularidades y coacción del voto que, según el partido, incidieron directamente en el desarrollo del proceso y en la libre emisión del sufragio ciudadano. El partido guinda ha documentado incidentes en 962 casillas, lo que representa más del 22% del total instalado en el estado.
El punto central de la denuncia es el llamado “QRgate”, un supuesto esquema tecnológico de compra de votos. Guillermo Santiago, diputado federal de Morena, acusó una operación sistemática donde operadores, presuntamente ligados al PRI, distribuían códigos QR a ciudadanos para registrar su voto a cambio de una compensación económica.
Dentro de las acusaciones, se menciona la detención arbitraria de militantes de Morena en el municipio de Frontera, quienes habrían descubierto un centro de pago de votos. En dicho operativo, se logró la presentación ante la FGR de un presunto delincuente electoral con listados y dinero en efectivo, lo que refuerza las acusaciones de la presidenta del partido, Ariadna Montiel.
Morena no solo presentó el juicio electoral, sino que activó un paquete integral de acciones legales. Estas incluyen denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por compra y coacción de voto, y una queja ante el INE por un presunto rebase en los topes de campaña del PRI.
Además, se ha interpuesto una denuncia ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear el origen de los recursos utilizados en el esquema del “QRgate”. Paralelamente, el diputado Ricardo Mejía Berdeja inició un juicio político contra el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y el fiscal estatal, Federico Fernández Montañez, por presunta injerencia oficial y represión.
Ante estas acusaciones, el PRI ha mantenido una postura firme, con su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, asegurando que defenderán la victoria obtenida en las urnas. Por su parte, el Instituto Electoral de Coahuila (IEPC) ha validado los cómputos que otorgan al PRI el triunfo en los 16 distritos con el 53.66% de los votos.
Las elecciones del 7 de junio en Coahuila eran vistas como un barómetro político clave para el ciclo electoral de 2027. Morena, en alianza con el Partido del Trabajo, buscaba lograr la alternancia en un estado tradicionalmente gobernado por el PRI, lo que convierte la impugnación en una estrategia tanto legal como política.
Hasta la fecha, las autoridades electorales competentes no han emitido una resolución definitiva sobre las graves acusaciones presentadas por Morena, mientras el panorama político en Coahuila se mantiene en un estado de incertidumbre y tensión.
