La presidenta Claudia Sheinbaum ha confirmado la activación de fichas rojas de Interpol para diez funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez. Esta medida responde a graves acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la emisión de estas alertas internacionales permitiría la detención de los señalados por parte de autoridades en cualquier país si estos intentaran salir de México. No obstante, Sheinbaum aclaró que el gobierno federal no tiene obligación legal de ejercer una vigilancia especial sobre ellos mientras permanezcan en territorio nacional.
A pesar de la falta de una obligación legal de vigilancia, la Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una carpeta de investigación propia para indagar los hechos. En cuanto al paradero de Rubén Rocha Moya, la presidenta confirmó que se encuentra en su domicilio en Sinaloa, bajo protección de la Guardia Nacional a petición propia.
Sobre el senador Enrique Inzunza, la presidenta reconoció no tener información precisa sobre su ubicación ni si cuenta con protección federal. Cabe destacar que, de los diez funcionarios originalmente señalados, dos ya se entregaron voluntariamente a las autoridades estadounidenses: el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega.
Las graves acusaciones desde Estados Unidos
Las imputaciones formales presentadas por Estados Unidos a finales de abril son contundentes: acusan a Rocha Moya y a los otros nueve funcionarios de Sinaloa de brindar protección sistemática al Cártel de Sinaloa. Los delitos incluyen asociación delictuosa para el tráfico de drogas, corrupción institucional y posesión ilegal de armas de fuego.
Se les atribuye haber apoyado directamente las operaciones del grupo criminal y haber facilitado el tránsito de estupefacientes hacia el territorio estadounidense. La lista de implicados incluye a Enrique Inzunza, Dámaso Castro Zaavedra (vicefiscal de Sinaloa), Juan de Dios Gámez Mendívil (alcalde con licencia de Culiacán), Marco Antonio Almanza Avilés (exjefe de la Policía de Investigación), Gerardo Mérida Sánchez (exsecretario de Seguridad Pública), y otros identificados con alias como “Cholo”, “Tornado” y “Juanito”.
Según la investigación estadounidense, los funcionarios habrían recibido sobornos millonarios para garantizar el paso seguro de cargamentos de diversas drogas, como fentanilo y cocaína. Estos pagos habrían servido para asegurar que la estructura del cártel operara sin intromisión de las autoridades locales y estatales, facilitando sus rutas y eludiendo la acción judicial.
Las maniobras imputadas incluyen la entrega de información confidencial sobre operativos policiales, la liberación de miembros del cártel y la designación de personal afín a la organización en puestos clave de la administración pública. También se les acusa de permitir el uso de armas de guerra y de proporcionar respaldo institucional para obstaculizar procesos judiciales contra integrantes del grupo criminal.
