La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ha hecho un llamado enfático al Gobierno federal y a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum para que se proceda con la entrega del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Esta petición surge a raíz de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan a Rocha Moya con el crimen organizado.
A través de un video difundido en sus plataformas digitales, la mandataria estatal argumentó que la tensión actual entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es una consecuencia directa de la presunta protección que el gobierno de Morena estaría brindando a funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.
Campos Galván subrayó que una verdadera defensa de la soberanía nacional no puede ser ciega ante la impunidad. “Lo que atenta más contra la soberanía de México no es un gobierno extranjero, sino la impunidad del crimen organizado”, sentenció, haciendo hincapié en la necesidad de combatir a quienes son señalados por nexos delictivos.
La gobernadora de #Chihuahua, #MaruCampos, señaló al Gobierno de #México por apostar por el silencio y por proteger a funcionarios que Estados Unidos pidió detener por vínculos con el narcotráfico, como es el caso de Rubén #RochaMoya. #NoticiasImagen #LoDijoZea @franciscozea pic.twitter.com/2wp4eW8K50
— imagenzea (@imagenZea) June 22, 2026
La gobernadora criticó la aparente disparidad en la aplicación de la justicia, donde, según sus palabras, “las fiscalías persiguen a quienes combatimos el crimen mientras no tocan a los acusados de vínculos con el narcotráfico”. Además, refirió las recientes declaraciones de Donald Trump sobre posibles acciones militares contra cárteles y la vigencia del T-MEC.
Aunque Maru Campos se opuso firmemente a cualquier intervención militar unilateral en territorio mexicano, reafirmó su compromiso total con la integridad y soberanía del país. Sin embargo, enfatizó que esta defensa debe ir acompañada de un fortalecimiento del Estado de derecho y una lucha frontal contra la impunidad.
Finalmente, Campos exigió que las autoridades federales investiguen de forma pública a los funcionarios señalados. Advirtió que la negativa a procesarlos podría tener serias repercusiones para la nación, incluyendo un deterioro de la relación bilateral con Estados Unidos y potenciales afectaciones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
