La reconocida artista internacional Shakira ha logrado una victoria legal significativa en España, al ser absuelta de las acusaciones de fraude fiscal relacionadas con sus ingresos del año 2011. Este fallo no solo limpia su nombre de señalamientos públicos, sino que también obliga a la Hacienda española a devolverle una considerable suma de 60 millones de euros.
Tras años de un exhaustivo escrutinio y una prolongada disputa con las autoridades fiscales, la cantante colombiana finalmente ve el cierre de un capítulo legal complejo. La resolución emitida por la Audiencia Nacional ha desestimado las pretensiones de la Agencia Tributaria, que inicialmente había tratado el caso con gran severidad.
La controversia central giraba en torno a la residencia fiscal de Shakira durante el año 2011. La Hacienda sostenía que la artista había residido en España por más de 183 días, el umbral legal para ser considerada residente fiscal y, por lo tanto, sujeta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio.
Sin embargo, la justicia ha determinado que la permanencia de Shakira en territorio español durante ese periodo fue de 163 días, cifra que no cumple con el requisito establecido por la ley. Además, el tribunal concluyó que la administración no pudo probar que el núcleo de sus intereses económicos o sus lazos familiares principales estuvieran radicados en España en aquel momento.
A través de su equipo legal, Shakira expresó su satisfacción por el reconocimiento de que “nunca” hubo fraude, lamentando el escarnio público. Su abogado, José Luis Prada, enfatizó la importancia de esta sentencia como un precedente, criticando las “posiciones administrativas inaceptables” de Hacienda y defendiendo los derechos de los contribuyentes.
Este dictamen pone fin a la última batalla legal pendiente de la estrella con el fisco español, permitiéndole cerrar una etapa marcada por la incertidumbre y el litigio. La decisión judicial reafirma el principio de la presunción de inocencia y subraya la necesidad de pruebas contundentes en los procesos fiscales.
